La llegada del PSOE al poder ha supuesto cierta relajación en las maneras de afrontar los problemas derivados del “Estado de Derecho y social”. Constatarlo revela la situación anómala anterior en que el PP tenía sumido el respiradero político institucional con relación, no solo a Cataluña, sino a la problemática del país.
Será muy difícil superar el autoritarismo del PP afrontando los problemas de Estado. Por esta razón, no ver a sus representantes a todas horas en los medios de comunicación constituye ya de por sí uno de los aspectos más saludables para la higiene democrática. El PP ha tenido al país sumido en una crispación que no merecía la ciudadanía.
Sin embargo, las buenas palabras y nuevas maneras del nuevo gobierno socialista, que se agradecen, significan poco, porque lo que importa es evaluar las acciones que llevan a cabo. A veces, tener buena educación es la pantalla de la hipocresía. Y, aunque el Gobierno actual no lleva ni cien días en el poder, ciertas disposiciones que han tomado algunos de sus ministerios y, más en concreto, el de Educación, son suficientes para ver el futuro con pesimismo. Y lo especificamos, porque estas decisiones chocan con los principios programáticos del PSOE establecidos en su 39 Congreso Federal para las elecciones de finales de 2015.
El PSOE se presentó en ese Congreso como el paladín de la laicidad. Lamentablemente, el pensamiento sobre la temática religiosa y la aconfesionalidad es una cosa en el papel y muy otra en la praxis. El PSOE ha demostrado en su trayectoria que, en cuanto llega al poder, repite los mismos hábitos genuflexos ante el poder religioso que representa la Iglesia Católica y el Vaticano. Podría decirse que vive cautivo del voto católico. De ahí que sus decisiones eviten cualquier fricción con ese importante segmento social y, por antonomasia, con la Jerarquía eclesiástica.
Las propuestas de acción sobre laicidad que el PSOE estableció en el citado Congreso Federal siguen sin estrenar. No ha pergeñado orientaciones protocolarias para que sus políticos las cumplan en los organismos institucionales públicos donde ejercen, diputaciones, ayuntamientos, hospitales, cuarteles, cementerios, universidades, escuelas e institutos. Es estampa habitual ver a alcaldes, concejales y diputados socialistas asistir a procesiones religiosas como representantes de pueblos y ciudades, contraviniendo ese principio de laicidad que invocaba en su Congreso Federal.
Pero recordemos una por una aquellas propuestas del citado congreso.
1º. Promover cementerios públicos no confesionales.
¿Cuántas iniciativas han llevado a buen término los Ayuntamientos, gobernados por socialistas, retirando las cruces que presiden las entradas de los cementerios?
2º. Denunciar los acuerdos de España con la Santa Sede.
No se ha dado ningún paso adelante. Los socialistas jamás han entablado conversaciones con la santa Sede para derogar dichos acuerdos. ¿Denunciar? De boquilla. Ni siquiera se ha creado una comisión bilateral tendente a romper dicho cordón umbilical impropio de un Estado Aconfesional. Denunciar no basta cuando se está en el gobierno. Tiene que concretarse en hechos; si no, es palabrería, demagogia y populismo.
3º Proceder a la transformación de los lugares de culto en los centros públicos en lugares de oración interconfesionales.
Formulación que revela la posición, más que timorata, contradictoria del PSOE. ¿Cómo puede proponer que en los centros públicos existan lugares de oración católica, musulmana, evangelista, etcétera? Es una contradicción insensata si se defiende la laicidad del Estado.
4º Reclamar la titularidad de dominio o de otros derechos reales sobre los bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica.
Si tomamos como referencia Aragón y Navarra, observamos que en ambos territorios han apoyado formalmente las mociones que la izquierda ha presentado en algunos Ayuntamientos y en las Cortes y Parlamento, respectivamente, pero no han cruzado esta línea de intenciones, ejecutando, donde gobierna, caso de Aragón, lo que dichas instituciones han aprobado, que no en el de Navarra, puesto que los socialistas se han visto privados de ese poder ejecutivo. Probablemente, caso de gozar de este, se habrían comportado como sus homólogos aragoneses.
5º. Actualizar en la Constitución el principio de laicidad y suprimir la referencia a la Iglesia católica.
No tenemos noticia que el PSOE haya presentado en el Congreso una moción que contemple esa actualización y, de paso, pedir la desaparición del nombre de la Iglesia católica en el articulado constitucional. Y ojo, porque han pasado ya 40 años y nunca hubo una moción parlamentaria en este sentido. Ni con González, ni con Zapatero.
6º. En nuestro modelo de escuela pública no cabe la integración ni en el currículo ni en el horario escolar enseñanzas confesionales.
Contundente formulación. Para recordársela a la actual ministra de Educación, I. Celaá, quien aseguró que la enseñanza de la religión seguirá siendo optativa para las familias y de obligado ofrecimiento por parte de las instituciones. Que la nota de religión no cuente en el currículum es irrelevante aunque los obispos se rasguen sus casullas por esta nimiedad.
7.Suprimir el sistema de asignación tributaria en aras del principio de laicidad.
No solamente el Gobierno sigue proporcionando a la Iglesia millones de euros detraídos del erario por ese concepto, sino que la enseñanza de la religión se lleva la friolera cifra de cien millones de euros para pagar a los profesores. ¿Hasta cuándo va a sufrir la ciudadanía esta afrenta injusta y lesiva para los intereses plurales en materia confesional y no confesional de la sociedad?
¿Qué sentido tiene confeccionar programas electorales si de antemano se sabe que nunca se harán efectivos? Y mucho peor aún, si se toman decisiones que contradicen radicalmente lo que en ellos se defiende. En esas seguimos.
Firman este articulo: Víctor Moreno, Fernando Mikelarena, Angel Zoco, Carlos Martínez, Carolina Martínez, José Ramón Urtasun, Clemente Bernad, Txema Aranaz por el ATENEO BASILIO LACORT
