Campaña unitaria

POR UNA ESCUELA PÚBLICA Y LAICA.
"RELIGIÓN FUERA DE LA ESCUELA" 

DECLARACIÓN ENERO DE 2022 

A los medios de comunicación.   A la comunidad educativa y a la sociedad en general.  Al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo  Al Ministerio de Educación y Formación profesional y al Ministerio de Universidades A las Consejerías de Educación de las diferentes CCAA y a la Conferencia de Consejeras/os Al Consejo Escolar del Estado.

Esta Campaña unitaria surgió en el año 2002, como una iniciativa y un compromiso, en torno al objetivo  democrático de lograr la plena laicidad del sistema educativo. Ha tenido varias fases y ha sido  respaldada por diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales, en según qué momentos y qué  color político gobernara. A lo largo de este tiempo ha emitido diversidad de comunicados y declaraciones, se ha reunido, en diferentes momentos, con el poder legislativo y ejecutivo. Antes de cada Campaña electoral se han elaborado y hecho público una serie de propuestas, en base a exigir la construcción de un Sistema educativo público laico. El anterior a éste, a modo de Contrato Electoral, se aprobó con  motivo de las elecciones de noviembre de 2019.  

Durante la discusión parlamentaria de la última reforma educativa (LOMLOE), también se envió al Ministerio de Educación y FP y a los diferentes Grupos parlamentarios un amplio documento, en el mes de abril de 2019, exigiendo en primer lugar la denuncia y derogación de los Acuerdos concordatarios de 1979, de acuerdo a la Proposición no de Ley aprobada en la Comisión de Educación del Congreso el 22 de febrero de 2018, como consecuencia de una iniciativa de esta Campaña unitaria, instando al Gobierno a: 

A) —Garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la Escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del ámbito  escolar. 

B) —Denunciar y derogar los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, así como los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas, obligando al gobierno a proceder para el cumplimiento de ese mandato. 

Moción que, durante la tramitación de LOMLOE y hasta ahora, no se ha hecho efectiva, ni se ha  reclamado por parte de ningún Grupo parlamentario, de los que —en su día, estando en la oposición— la  aprobaron en dicha Comisión. Tampoco en los Acuerdos de Gobierno de la actual coalición  gubernamental se hizo mención a ello, ni en la tramitación y aprobación de esta última reforma. 

Una vez aprobada la LOMLOE, está en fase de desarrollo, de cara a su aplicación prevista para el inicio  del curso 2022-23. Por ello se están elaborando los diferentes currículos y demás reformas, además de  pasar por las diferentes fases de tramitación administrativa y consultas obligatorias. Cuestión ésta que - también- nos preocupa, en cuanto a los contenidos de la nueva asignatura de Educación  en Valores Cívicos y Éticos, que se impartirá en un curso de primaria y en otro curso de secundaria y en  cuanto a su aplicación en los centros privados concertados de ideario propio (mayoría católicos). También  nos preocupa la aplicación y solución que se va a dar, por parte de las diferentes CCAA y de los  diferentes centros (en su autonomía) de la no alternativa a quienes no soliciten religión. Para ello, vamos a solicitar reuniones con los diferentes responsables políticos 

La actual política educativa de Estado está provocando diversos desajustes, en base a las políticas de  los diferentes territorios, los cuales tienen amplias competencias, aumentadas en esta última reforma. Por  una parte, se siguen desarrollando diferentes procesos de mercantilización y privatización de la  Enseñanza, tanto por vía de precarizar la enseñanza pública, como a través de medidas de apoyo al 

sector privado, en su mayoría bajo control ideológico de la Iglesia católica. Y por otra parte, se siguen  manteniendo en los centros escolares públicos a personas designadas por los obispos, con la misión de,  además de impartir clases de religión, cristianizar a la comunidad educativa y hacer proselitismo  religioso. A todo ello habría que añadir la entrada, cada vez mayor, en los centros públicos, de personas  de religiones minoritarias, también con fines de hacer proselitismo. 

Todo ello conlleva un doble grave perjuicio para el alumnado que, por un lado, es segregado por  motivos ideológicos, nada más y nada menos desde los tres años, es decir desde edades muy  tempranas, vulnerando diversos convenios de la Infancia y, por otro lado, también es segregado por motivos económicos y sociales.  

Una vez aprobada esta última reforma, que no aborda la cuestión de la laicidad del Sistema  Educativo en toda su dimensión, las entidades que más abajo se relacionan, mantenemos nuestra  lucha por: 

A) —Garantizar la plena laicidad de la enseñanza, para ello: 

1-Hay que sacar la religión confesional de la Enseñanza, de forma inmediata.

2-NO financiar -con dinero público- el adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar.

3.-Potenciar la Red Pública de Enseñanza, como fundamental para vertebrar el Derecho a  la Educación de todos y todas, evitando —de forma progresiva— la desviación de fondos  públicos hacia intereses privados de todo tipo.  

B) —La derogación de los Acuerdos con el Vaticano, por constituir la base “legal” de los privilegios  que sigue reclamando la Iglesia, especialmente dentro del sistema educativo y, al mismo tiempo,  haberse producido un progresivo rechazo social y político a sus contenidos antidemocráticos. De igual forma deberá procederse a la anulación de Acuerdos con otras confesiones en los que se establece la posibilidad de impartir religión en la escuela.

 

Para lo cual a partir de enero de 2022, programaremos una serie de acciones encaminadas a tratar de conseguir algún día nuestras reivindicaciones, basándonos en principios constitucionales y en los  derechos de la Infancia más elementales, como es preservar la libertad de conciencia y la no segregación por motivos ideológicos y sociales en el ámbito escolar.

Madrid, enero de 2022 

**** 

Entidades que respaldan (expresamente) la Campaña y el Manifiesto de 2022, hasta el 15.1.2022 

STES.i estatal / EUROPA LAICA / CCOO de la Enseñanza estatal / MHUEL / Fundación Ferrer i  Guardia / Sector Enseñanza de FeSP-UGT / CGT Madrid Federación Enseñanza / Asamblea  Marea Verde Madrid / Laikotasuna (Euskadi) / FAPAR – (Fed Asoc Madres y P de Aragón) /  FAPA María Moliner de Albacete / EHIGE (Conf. de Madres y Padres de la Escuela Pública  Vasca) / UAL – Unión de ateos y librepensadores - AMAL (Asociación madrileña de ateos y  librepensadores) / Colectivo Infancia / RED IRES / Frente de Estudiantes / Sindicato de  Estudiantes / MRP (Federación de Madrid) / Movimiento Social por la Escuela Pública  (Asturias) / Plataforma Escuela Pública Aranjuez / Católicas por el Derecho a Decidir /  Redes CRISTIANAS / HEZKUNTZA LAIKOA / Iglesia de base de Madrid - Fundación  Democracia Activa / Partido Socialista Libre Federación / Asociación Lánzate LGTBI de  Canarias / STEILAS (Sindicato de Educación de Euskal Herria) / FADEA Federc Asoc Estud  Aragón / Comunidades Cristianas Populares de Andalucía / Izquierda Republicana / STES CLM / CCOO Enseñanza - Madrid / 

*** 

**Quienes lo deseen, y no lo hayan hecho todavía, a partir de ahora lo pueden hacer al correo: escuelalaicacoordinacion@gmail.com 

O bien, hacer cualquier consulta o sugerencia.

Inmatriculaciones, un saqueo consentido a la Iglesia Católica

por Chema Gregorio Uribarri (socio de MHUEL)

En términos de derecho, la inmatriculación es la primera inscripción en el registro de la propiedad de una finca, casa, frontón, catedral, etc., etc. Esta acción de inmatricular lo lleva a cabo el notario. Lo que sucede es que, según el artículo 206 de la ley hipotecaria de 1946 y el reglamento de esta ley de 1947, se reconoce a la Iglesia, concretamente a los obispos, como fedatarios públicos para inmatricular bienes. Esta ley franquista concede un privilegio a la Iglesia incontestable, quizá como premio a su inestimable colaboración en la guerra civil, por ser su fiel aliada. El caso es que esta ley se mantuvo vigente hasta el 2015, año en que quedó derogada por un toque del Tribunal de Estrasburgo. En todo ese tiempo el único que la modificó para privilegiar más aún a la Iglesia fue el gobierno de Aznar en 1998. Hasta entonces la ley no contemplaba la inmatriculación de lugares de culto (iglesias, catedrales, basílicas, conventos…), pero desde entonces la Iglesia tuvo barra libre para registrar a su nombre todo lo que pudo pillar. El expolio del patrimonio del pueblo ha sido escandaloso y todo ello con el consentimiento de los gobiernos de turno, tanto del PSOE como del PP. A todo esto los gobiernos de Aragón no han tenido los arrestos suficientes como para defender lo que es del pueblo aragonés, sumisos con la Iglesia, inclinando vergonzosamente la cabeza a la todopoderosa Iglesia Católica.

Lo primero que llama la atención es como una ley inconstitucional, franquista, pudo pervivir sin ningún tipo de problema hasta el 2015. ¿Pasó inadvertida? ¿No tuvieron las narices suficientes para denunciarla? Es razonable pensar que todas las actuaciones efectuadas al amparo de esta ley inconstitucional, son nulas y por lo tanto todos los registros efectuados deberían ser revertidos a su anterior estado. ¿Por qué el aparato jurídico del Estado no ha hecho nada?

Que un diocesano fuera al registro civil y sin necesidad de presentar ningún documento acreditativo de propiedad, mediante un ridiculísimo pago, pasara a ser el dueño del bien registrado, es algo impensable en un país democrático y desarrollado. Desde el registro hasta que el bien fuera suyo debían pasar 20 o 30 años según las comunidades autónomas. Se da la circunstancia de que los diocesanos no daban cuenta a nadie y en las ciudades y pueblos eran ignorantes que la Iglesia se hacía la propietaria de fincas, casas, ermitas, catedrales, iglesias, etc., monumentos espectaculares, con una riqueza arquitectónica e histórica impresionantes, como puede ser La Seo de Zaragoza (por nombrar una…). Claro, este modo de proceder, alevosamente, a traición, calladamente, como un bandido que roba los bienes que pertenecen al común, al pueblo, es indigerible, ¡penoso!

Todas esas propiedades pertenecen al pueblo, él ha sido su constructor y su mantenedor a base de impuestos a lo largo de la historia. Que la Iglesia lo haya empleado para oficiar actos litúrgicos de su confesión o para exponer toda clase de ornamentos, frescos, esculturas, cuadros, etc., no le dan el derecho de propiedad, al menos no desde un punto de vista racional. Uno piensa en la gran contradicción que existe entre la prédica del evangelio de Jesús, el de los pobres y desheredados de la tierra, del cual hacen gala los ministros eclesiásticos con falsa humildad y artificialidad manifiesta, y la práctica cotidiana económica de la Iglesia, hasta el punto de haberse convertido en la mayor inmobiliaria del reino. También llama la atención que es el Papa de Roma, el presidente de ese hipotético estado vaticano (aunque formalmente no lo sea), el que dirige todo este tinglado, al que deben obediencia y que se erige en el dueño de este emporio urbanístico y de todo lo que hay dentro de los edificios…

Estos días, el Gobierno del PSOE y IU-Podemos, manda al congreso una lista de bienes inmatriculados, pero no esta completa pues solo contempla aquellos bienes inmatriculados desde la ley Aznar de 1998, cerca de 40.000 bienes, casi nada… De entrada reconocen a la Iglesia como propietaria, aceptando que no haya presentado en su día ningún documento acreditativo de propiedad, tendrán que ser las personas individuales o ayuntamientos quienes tengan que presentar esos documentos para demostrarlo… ¡Vergonzoso! O sea, un procedimiento que funciona al revés y que va a provocar un follón en los juzgados de grandes dimensiones. Y a propósito de documentos, en muchísimos casos no hay documentación, no ha sido necesaria porque esos edificios eran del pueblo, del Ayuntamiento, del Estado…

El tema esta en que en ese listado no aparece ningún bien en nuestra ciudad, en Zaragoza. ¿Por qué? Pues porque en los años 80 se inmatriculó todo lo que fue menester pasando de la ley entonces vigente y sin esperar a la modificación de Aznar. Esto es tremendo, ya que la mayor parte de las inmatriculaciones fueron anteriores a 1998. ¿Entonces por qué solo se refiere el Gobierno a las registradas desde 1998? Pues no lo entendemos. Sospechamos que en estos últimos tiempos ha habido negociaciones con la Iglesia a espaldas nuestras, de la sociedad civil y se han llegado a este acuerdo tan balsámico para la Iglesia. Esta tendrá que devolver aquellas propiedades en se presente documentación que contradiga la inmatriculación… Serán los mínimos. ¿Qué pasa con los decenas de miles de bienes inmatriculados desde 1946 a 1998? ¿Hacemos la vista gorda? ¿Así se solventa el problema con esta institución privada y expoliadora del patrimonio del pueblo aragonés?

El Gobierno de nuestra Comunidad se debe erigir en el principal valedor del común, del pueblo y actuar para que no se consume semejante escándalo.

Diari ARA - Informe Ferrer i Guardia

Us recomanem llegir aquest interessant informe de la Fundació Ferrer i Guàrdia, que ha elaborat Montse Riart pel diari ARA:

Cada cop menys religiosos: més del 50% dels menors de 34 anys no són creients

La majoria dels alumnes trien assignatures alternatives a la religió i els contribuents que destinen diners a l'Església cauen a mínims històrics.

L'obscenitat de les immatriculacions

Les immatriculacions, una enorme obscenitat política —comesa durant gairebé 70 anys— sense expectatives de solució

Per Francisco Delgado
Mestre tipògraf i psicòleg industrial.

Obscenitat política, perquè ha estat la política la gran còmplice d'aquest espoli consentit i incentivat, durant la dictadura, des del 1947 i durant la democràcia (formal), des del 1978. Expoli, botí, robatori… perquè l'Església catòlica oficial s'ha apropiat de més de cent mil béns públics i privats al llarg d'aquests gairebé setanta anys i fins la darrera reforma de la llei Hipotecària del 2015 (feta —curiosament— amb la presidència de Rajoy, del PP)

El que fins ara gairebé mai havia passat, el dilluns dia 24 de gener de 2022 els mitjans informatius i magazins diversos, van omplir espais i continguts amb la reunió (deliberadament orquestrada per Moncloa i el Vaticà), entre Sánchez i Omella (líder dels bisbes ), on aquest va lliurar al president del govern un ridícul llistat de gairebé mil béns (de chichinabo) que, si s'escau, podrien "estudiar tornar" a ajuntaments i a "altres" ... com a conseqüència de "certes irregularitats" en la tramitació, davant dels Registres de la Propietat (darrerament se n'han desdit). Com si el conjunt d'immatriculacions no haguessin constituït un frau enorme en què han estat implicats funcionaris públics, polítics i bisbes, tots ells en “comunió”.

Quan l'Associació (acabada de crear) EUROPA LAICA (fundada el 2001) al costat de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro cap al 2005/6 destapem públicament aquest monumental escàndol (cal recordar que aleshores governava el PSOE), gairebé ningú donava crèdit. Tan sols alguns periodistes treien algunes breus i tímides columnes o informacions per la ràdio.

Mentrestant, els poders públics (i els partits de tota condició) callaven (inclosos tots els grups parlamentaris), igual que els més potents mitjans de comunicació.

Quan el fet es va anar “engreixant” molts es van “pujar al carro”, fins i tot sense tenir ni idea de la veritable dimensió del problema o moguts per altres interessos mediàtics, professionals i fins i tot polítics partidaris. Però benvinguts van ser! Més tard es van formar organitzant diverses plataformes ciutadanes territorials o estatals com “Recuperando”, amb més voluntat que èxit… Però hi són, per contribuir a pressionar els poders públics i fer una mica de pedagogia.

Va ser la "Mesquita de Còrdova" —curiosament immatriculada en temps de governança municipal PCE (2006) i Junta Andalusia i Moncloa amb governança del PSOE—, la que més "va donar la veu d'alarma mediàtica"... però ni PSOE, ni PCE van fer, en temps i forma, RES per impugnar aquella barbàrie. Vet aquí la història i els seus protagonistes

Des del 1947, fins al 2015, els bisbes convertits en fedataris públics... s'han apropiat de més de cent mil béns rústics i urbans (molts ja irrecuperables per haver-se'n desfet, construït habitatges i/o venut a tercers, fent una enorme “caixa” que ha anat a parar a les arques del Vaticà i de les diferents Diòcesis; ens referim a una enorme i incalculable fortuna.

És cert que va ser el president Aznar (PP), ja en democràcia (el 1998), qui va modificar la llei i el reglament de 1946/47, amb la finalitat que els bisbes diocesans poguessin inscriure a nom de les Diòcesis centres de culte de gran valor patrimonial i històric artístic, com la Mesquita, la Giralda, La Seu.. i centenars i centenars… que, per cert, la legislació franquista no permetia, però davant d'aquesta modificació tampoc ni PSOE, ni l'esquerra en general, ni els nacionalistes van fer res. Mentre el Parlament callava.

Ara hi ha els que “s'esquincen les vestidures” per interessos de tota mena, però la realitat és que en aquesta legislatura tampoc no es farà res. En tot cas fer malbé les coses i confondre encara més la ciutadania amb tímides promeses falses. De fet, al Pacte de Governança PSOE-UP de gener 2020, res no apareixia sobre aquest tema.

En tot cas es farà el ridícul més espantós, com el protagonitzat ahir pel Sr. Sánchez i els seus assessors a Moncloa.

Mentrestant els bisbes i el Vaticà segueixen donant-se un “opípar banquet” amb l'ús del patrimoni artístic (via entrades turístiques) que els proporciona enormes beneficis diaris. Al mateix temps, els poders públics conserven —amb diners públics— aquestes falses propietats de l'Església. Que ni impostos paguen.

Només una "LLEI de retroactivitat" a les Corts podria fer justícia històrica. Juntament amb una substancial modificació de l'actual Llei de Patrimoni Històric Artístic. Però a l'horitzó no s'hi observa voluntat política. Només fer ridícul rere ridícul... per part dels poders públics, encarnats pels partits polítics que són al Parlament i a les diferents governances territorials i locals.